El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, firmó este miércoles un decreto que establece la cesantía de 11 empleados a los que se les había abierto un sumario administrativo por irregularidades, que se desempeñaban en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
El decreto, que además lleva la firma de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, fue el resultante de una decisión tomada a partir del trabajo de investigación de la Fiscalía del Estado, que recomendó cesantear a estos trabajadores.
Vale recordar que a estos empleados, que también tienen una causa judicial abierta, se los investiga por posibles delitos de fraude en perjuicio del Estado por un total de 38.337.865 de pesos. Ese monto, actualizado por la inflación actual, superaría los 100 millones de pesos.
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la saga de delitos ocurrió entre enero del 2020 y octubre del 2023 cuando estos empleados recibieron en sus cuentas bancarias importantes flujos de dinero superiores a los que se les debían acreditar por el denominado “Fondo del 30 %”, que surge a partir de los servicios que brinda el hospital a los distintos usuarios que tienen obras sociales, prepagas, medicina laboral o seguros de accidente.
En un tramo del decreto firmado este miércoles por Pullaro y Ciancio se fundamenta la decisión de esta manera: “Teniendo en cuenta que ha quedado debidamente acreditado la utilización con fines particulares con la evidente intención de incrementar su propio peculio con bienes destinados al servicio oficial, en este caso dinero recaudado que tenía otro destino, el reparto previsto normativamente entre sus compañeros del Hospital, por parte de los agentes mencionados, corresponde la aplicación de la sanción disciplinaria de cesantía de los mismos, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, por incumplimiento de los deberes del artículo 13 incisos a), b), c) e i), y el quebrantamiento de las prohibiciones del artículo 14 inciso h), ambos del citado texto legal; en un todo de acuerdo con lo aconsejado por Fiscalía de Estado mediante Dictamen Nº 383/2024 (fs. 1012/1098)”.
Cabe señalar que, en una primera instancia, se trataba de 13 agentes investigados. Uno de ellos fue declarado “exento de responsabilidad administrativa”; mientras que en el restante se dejó antecedente sumarial en su legajo al comprobarse que “no posee potestad disciplinaria sobre su persona”.
Al respecto, la ministra Ciancio enfatizó que “quienes roban no pueden ser empleados del Estado. Desde el inicio de nuestra gestión tomamos este tema como prioritario y encontramos empleados del hospital Iturraspe que habían sido trasladados por la gestión de gobierno anterior, por lo cual, por medio de una resolución decidimos que estos agentes debían ser suspendidos e investigados. Transcurridos seis meses tomamos la decisión de que 11 involucrados sean cesanteados”, explicó la funcionaria al tiempo que aclaró que “durante el transcurso de la investigación no han percibido sus haberes”.
“Gracias al impecable trabajo de la Subsecretaría Legal y Técnica y de Fiscalía de Estado se llevó a cabo este proceso con la transparencia que ameritaba y pudimos arribar a este resultado final. Para que quede claro: esto fue un robo a las arcas del Estado -y a los demás empleados del efector- en un monto superior a los 38 millones de pesos que, actualizado al día de hoy, estaría superando los 100 millones de pesos. La investigación continúa abierta por si surgen nuevas derivaciones del caso”, añadió la funcionaria.
Luego, la ministra de Salud indicó que por cuestiones de salud, “una de las personas investigadas no pudo asistir a la correspondiente instancia de defensa, lo cual no implica que quede desafectada del proceso de la investigación; otra, al recibir el depósito de los fondos de manera irregular, denunció el hecho a la administración del efector; y está el caso de una reemplazante que tampoco está dentro de las personas cesanteadas”, mencionó.
En ese marco, Ciancio destacó “el compromiso de la dirección y del personal del Hospital Iturraspe, que permitieron que se siguiese trabajando normalmente y prestando los servicios necesarios a los usuarios”. Y recordó que “el gobernador Pullaro me instruyó que trabajemos fuertemente en el sistema de recupero de los hospitales, no solamente en lo que refiere a posibles irregularidades cometidas, sino a asegurar que los fondos vuelvan a los trabajadores”.
Asociación ilícita y malversación de fondos
Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, brindó detalles técnicos del proceso de investigación y sus posibles derivaciones. “La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”, consignó.
Respecto de cómo prosigue el curso administrativo y legal del proceso, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.
