El titular del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, fijó las fechas en las que deberán presentarse a prestar declaración indagatoria los directivos del Banco Galicia y de las empresas Valfinsa Bursátil SA y Galicia Valores. La ronda de interrogatorios se iniciará el martes 19 de mayo, a las 8, con Diego Waldemar Van de Velde, oficial de cumplimiento del Banco Galicia. Ese mismo día, también está citado, a las 10, su colega Fernando Gabriel Yah Yah.
El cronograma continúa con las declaraciones de Esteban Marín, exgerente del Banco Galicia de Santa Fe desde noviembre de 2004, y Silvio Ariel Gómez, gerente de la sucursal Santa Fe del Banco de Galicia desde 2010, fijadas para el 20 de mayo, a las 8 y 10.30, respectivamente.
Al día siguiente, y con los mismos horarios, deberán presentarse Enrique M. Garda Olaciregui, oficial de cumplimiento del Banco Galicia y Galicia Valores ante la Unidad de Información Financiera (UIF), y Guillermo Juan Pando, oficial de cuenta de Valfinsa.
A la semana siguiente, el 26 de mayo, deberán declarar tres agentes de Valfinsa Bursátil SA. El primero será Antonio Iturrioz, que era oficial de cuentas de la empresa. Luego será el turno de Leonardo Perrotta, que era oficial de cumplimiento ante la UIF y quien termina la seguidilla será Flavio Meijome, que el 27 de mayo deberá dar respuestas de su rol como oficial de cuentas.
Todos están acusados como coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo en el marco de la causa en la que se investiga la estafa a gran escala desde la firma sociedad Bolsafé Valores a cientos de ahorristas.
La última fecha del cronograma –pero no la menos importante– es la del 28 de mayo, cuando, a las 8, deba volver a presentarse el contador Mario Rossini ante el juez Francisco Miño para una ampliación de su indagatoria.
La decisión adoptada por Miño el 15 de abril pasado va en línea con lo requerido por el fiscal Walter Rodríguez y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella. El 10 de marzo pasado, los representantes del MPF reiteraron el pedido de indagatoria para aquellos operadores y para otros -incluidas las entidades financieras imputadas en su carácter de personas jurídicas–, quienes aún no han sido convocados por el juez.
Aquella presentación se centró en explicar al juez las violaciones a las normas antilavado que no fueron observadas por los operadores financieros imputados. Los fiscales pusieron de relieve que la normativa se basa en dos pilares: las entidades tienen la obligación de recabar información de sus clientes para conocerlos y trazar su perfil, y también deben informar cualquier hecho u operación sospechosa a la UIF, autoridad en la materia.
Al resolver sobre el pedido, Miño consideró que “se ha alcanzado un estado de sospecha suficiente” para indagar a los operadores del Banco Galicia y Valfinsa. “Luego de un exhaustivo análisis de las presentes actuaciones, considero que la actividad instructoria cumplida por la Fiscalía indica una serie de nuevos elementos de prueba útiles para fortalecer y, en algunos casos, delimitar con mayor precisión el plexo probatorio existente en la causa”, refirió el juez, quien aún no fijó las fechas de las declaraciones indagatorias.
En la estafa a gran escala realizada desde Bolsafé Valores, aquellas entidades financieras fueron funcionales a las maniobras de lavado que provenía de la sustracción de los ahorros y títulos de los clientes de la firma propiedad de Rossini. Al describir la “ruta del dinero”, los fiscales señalaron que Bolsafé transfería los valores de sus clientes a otra empresa de Rossini, BV Emprendimientos SA, sociedad que había declarado como actividad principal el desarrollo y la comercialización de software.
Esa firma liquidaba los títulos en el mercado mediante la intermediación de Banco Galicia, Galicia Valores y Valfinsa Bursátil. Solo en el Banco Galicia, BV Emprendimientos tuvo créditos “en apenas ocho meses (de abril de 2012 a enero de 2013) por un total de 81.570.360,73 de títulos y débitos (transferencias emisoras) por un total de 82.038.844,06 de especies”, indicaron los fiscales. “En ningún caso el objeto social de BV Emprendimientos se condice con un flujo de más de 160 millones de acciones y títulos públicos en apenas ocho meses”, agregaron.
Fuente: Diario UNO
