Hugo Moyano prepara el contraataque. Tiene hasta el martes próximo para apelar la multa por 810 millones de pesos que ayer el Gobierno le impuso al gremio de Camioneros y lo hará denunciando una «persecución política manifiesta y sistemática» de la administración de Mauricio Macri contra su sindicato.
El eje central de la presentación será la negativa del Ministerio de Trabajo a homologar el bono de 9500 pesos que Camioneros reclamó y finalmente acordó con las empresas de transporte para completar la suba salarial de 2017. Fue esa demanda la que derivó en la medida de fuerza de diciembre pasado con la que Camioneros violó una conciliación obligatoria dictada por Trabajo y por la que recibió la multa millonaria.
Moyano argumentará que el Gobierno accionó contra un bono de compensación «por primera vez» después de casi una década en la que esas sumas adicionales se negociaron y fueron convalidadas por el Gobierno sin mayor dificultad, como una forma de compensar la diferencia entre las paritarias y la inflación , tanto durante el kirchnersimo como en el primer año de gestión de Cambiemos .
También en función de probar la supuesta persecución política, Camioneros planteará que el sumario por la medida de fuerza de diciembre pasado se activó recién el 15 de junio de este año, un día después del último paro camionero. «Accionaron seis meses después y horas después de una huelga del gremio. La intencionalidad política y la animosidad son evidentes», dijeron a LA NACIÓN cerca de Moyano.
Los planteos de Hugo Moyano hijo
Además de esos argumentos de fondo, la apelación presentará supuestas fallas de forma. La primera es que el monto de la multa se calculó sobre la base de todos los afiliados al gremio y no a partir de las inspecciones en los lugares de trabajo los días de la medida de fuerza con la que se habría violado la conciliación obligatoria.
Según la apelación que prepara Hugo Moyano hijo, abogado de Camioneros, el Ministerio habría realizado solamente siete inspecciones y todas en la provincia de Buenos Aires, a partir de las cuales habría proyectado un monto general. La sanción formalizada ayer es de 4430 pesos por cada uno de los 182.797 afiliados.
En la misma línea, se advertirá que la suma de 810 millones de pesos es «exorbitante», que no guarda relación con el patrimonio de Camioneros y que pagarla podría poner en riesgo el funcionamiento de la obra social del gremio e incluso conducir a su quiebra.
Por último, se pondrá en duda que Camioneros haya violado la conciliación obligatoria. Dirán que el 27 y 28 de diciembre últimos, los días en los que el gremio había incurrido en el incumplimiento no hubo un paro ni otras «medidas de acción directa», sino asambleas en los lugares de trabajo.
Fuente: La Nación
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