Los narcos que desafían a Jair Bolsonaro

Tres líderes de la facción criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC) fueron degollados entre junio y julio de 2015 dentro una cárcel de Manaos. Era sólo el comienzo del conocido en la capital amazónica como “el fin de semana sangriento”. Entre la tarde del viernes 17 de julio y la mañana del lunes 20, se registraron otros 38 asesinatos de sicarios del PCC en las calles de la capital amazónica.

La orden de la matanza partió de la cárcel y se cree que varios Policías Militares fueron los ejecutores. Los mensajes de celular interceptados dejan claro el objetivo de la acción: “Mano, esses cara que vestiram a camisa do PCC aqui [no Amazonas] são uma vergonha para o crime (…) são todos safados. Esses nós vamos matar é tudo” (Hermano, esos muchachos que visten la camisa del PCC aquí [en Amazonas] son una vergüenza para el crimen (…) son todos unos h…de p…. Los vamos a matar, es todo).

El ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar ‘bautizando” (reclutando nuevos integrantes) a pesar de la desaprobación de la Familia del Norte, el cartel local y aliado del carioca Comando Vermelho (CV), el archienemigo del Primer Comando. Todos estos cárteles fueron creados en los últimos treinta años en la cárceles de todo el país y desde allí siguen operando los grandes capos.

El mensaje que desencadenó el baño de sangre partió del teléfono del traficante José Roberto Fernandes Barbosa, más conocido por los apodos de Z, Doido, Pertubado, Pertuba y Messi, uno de los fundadores de la facción criminal Familia del Norte. Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso CV tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. Su principal negocio es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana.

Las investigaciones sobre el comportamiento de los cárteles brasileños indican que en la masacre de Manaos está el origen del rompimiento de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV, que se formalizó en junio de 2015.

Desde entonces, distintas facciones se enfrentan por el control de las zonas de narcotráfico y particularmente las fronteras con Paraguay, Venezuela y Colombia. La guerra se trasladó ahora al estado de Ceará, en el nordeste, y los ataques amenazan con propagarse por el resto del país. Y no es sólo una lucha entre los cárteles. Es, por sobre todo, un enfrentamiento con el Estado y un desafío directo al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que fue elegido con la promesa de terminar con la impunidad de los carteles del narcotráfico y pacificar al país. 

Los sicarios que Bolsonaro había asegurado que destruiría, le provocaban su primera crisis de gobierno. Este escenario de caos surgió en Ceará el mismo día de la asunción de Bolsonaro en Brasilia.

El 1° de enero de 2019 comenzaron los ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Desde entonces, no cesan los atentados; ya son más de 200. Los sicarios volaron dos puentes, incendiaron autobuses de transporte y de escolares, destrozaron bancos, obligaron el cierre de las principales tiendas de decenas de ciudades, espantaron a los turistas y lanzaron videos en los que prometen una guerra total. Todo esto se produjo como reacción al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, de adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen. 

Para controlar la situación, el gobierno envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Pero veinte días más tarde, la situación no parece haber mejorado demasiado. “Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro”, dijo un comerciante de Fortaleza a un diario local.

Fuente: Infobae.