Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por fraude contra Independiente

Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente de Independiente, fueron imputados por fraude contra el club por el juez Gabriel Vitale, ante el pedido de la fiscal Viviana Giorgi. Marcelo Mazzeo, abogado que se presentó en nombre del «Rojo», fue el que recibió la notificación. La acusación de la fiscal se basa en la posibilidad concreta de la existencia de un sistema de reventa de entradas con participación activa de la dirigencia.

La investigación se inició a partir de la declaración indagatoria del barra brava Pablo «Bebote» Álvarez y de Damián Langaronne, su hombre de confianza. Allí, ambos indicaron que los carnets de la barra, que suman 2.000, no los pagan los violentos sino que el club los hace pasar como abonados en la contabilidad, sin que haya dinero de por medio. Y que lo mismo ocurre con los bonos para ingresar al estadio Libertadores de América. Y que las entradas de protocolo para la reventa se las entregan en el segundo piso del edificio La Franco Argentina, ubicado en Hipólito Yrigoyen 460 de Capital Federal, sede de la empresa Integradores SA, que maneja el software que la institución tiene para llevar un control de los asociados y el pago regular de las cuotas sociales. Además, señalaron a Héctor «Yoyo» Maldonado, secretario general de Independiente y del gremio de Camioneros, como el nexo con la dirigencia. Es decir, la mano derecha de Hugo Moyano.

Ante esta situación, la fiscal Giorgi llamó a declaración indagatoria y procesó a Maldonado como miembro de la asociación ilícita, aunque sin prisión preventiva. Debido a esto, la fiscal pidió primero que se le enviara cuántas entradas había vendido el Rojo para la semifinal y final de la Copa Sudamericana frente a Libertad de Paraguay y Flamengo de Brasil, respectivamente. El número no dejaba mentir y causaba asombro: 29.000 tickets por encuentro. El estudio de las imágenes de los drones de la Policía determinó que en el Libertadores de América hubo entre 52.000 y 53.000 espectadores. La cuenta da un agujero negro de más de 20.000 entradas. La hipótesis entonces de una reventa masiva de entradas de la barra, en presunta connivencia con autoridades de la institución y de la empresa Integradores, cobró cuerpo. La reventa en ambos encuentros arrancaba en 1.000 pesos por ticket. Mejor no hacer números…

Consultado por la situación, por la monstruosa cifra diferencial entre lo vendido y el público que colmó la cancha, Maldonado ofreció una defensa frágil, alegando que los hinchas suelen agolparse en los accesos y muchos se terminan colando. En consecuencia, el 28 de diciembre se desarrolló un allanamiento de varias horas en la sede de Independiente y de Integradores S.A.

Más allá de esta causa, también está pendiente la de lavado de activos, que se encuentra en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella; también basada en las declaraciones de «Bebote» Álvarez y Langaronne. En su denuncia, asegura que el producido de cada venta que hacía Independiente pasaba por una cuenta en un paraíso fiscal (el club tiene abierta una en Luxemburgo desde la época en que presidía Javier Cantero) y de ahí llegaba a la Argentina a una mesa de dinero relacionada a un importante empresario gastronómico hincha del «Rojo», y en la que estaba involucrado otro vicepresidente del club y el propio Pablo Moyano. Según «Bebote», se ponía a trabajar esa plata ya sea en el mercado blue o pasándola a altas tasas en pesos y obteniendo un retorno fabuloso, aunque después en el balance del club solo se imputaba el dinero original de cada pase, quedándose para repartir entre la mesa chica los intereses obtenidos. Y cada operación exitosa era rubricada con un brindis con champagne francés, por lo que los protagonistas de esta historia terminaron conformando, siempre según la denuncia del barra, el «Grupo Champagne».

El próximo paso será esperar la pericia sobre las máquinas de acceso al Libertadores de América, cuyo resultado se espera para el 15 de febrero. Hugo y Pablo Moyano aguardarán las conclusiones imputados por fraude a la institución que conducen.

Fuente: Infobae