Horas después del anuncio del Gobierno nacional, se oficializó la medida que impide a las provincias y municipios incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos. El Poder Ejecutivo sostiene así su pelea contra los reajustes impositivos a nivel municipal que la semana pasada había denunciado en supermercados.
Tal como había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la resolución 267/2024, que establece: “La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”.
De esta manera, la normativa aclara que “no pueden contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio, sin perjuicio de toda otra información de carácter general que corresponda incluir en el documento emitido, conforme a la norma aplicable”. En consecuencia, la resolución deja en claro que “el incumplimiento será pasible de ser sancionado conforme el régimen de penalidades previsto” por la ley. Esta medida comenzará a regir dentro de los próximos 30 días, tiempo establecido para su adecuación.
