La Justicia santafesina condenó a una mujer oriunda de San Justo por su participación en el mega fraude bancario investigado desde hace meses y determinó que las entidades financieras deberán dirigir cualquier acción de cobro contra ella y no contra las personas cuyos datos fueron utilizados para concretar las maniobras.
Se trata de Aldana Soledad Bracamonte, de 27 años, quien recibió una pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como autora de nueve hechos de estafa. La sentencia fue dictada por el juez Luis Octavio Silva en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal Agustín Nigro, a cargo de la investigación, informó que el perjuicio económico total ascendió a 90.216.650 pesos, producto de préstamos personales gestionados y consumos efectuados mediante tarjetas de crédito obtenidas de forma fraudulenta.
Según detalló el funcionario judicial, Bracamonte utilizó la misma modalidad en los nueve hechos investigados. Primero, obtuvo de manera engañosa los datos biométricos de cinco personas y luego suplantó sus identidades para operar a través de los canales digitales de distintas entidades bancarias y financieras.
A nombre de las víctimas, contrató tarjetas de crédito y solicitó préstamos personales sin su consentimiento.
“Con este fallo en sede penal se reordenan las relaciones”, sostuvo el fiscal Nigro, quien remarcó que quedó plenamente acreditado que las cinco personas afectadas “no tuvieron nada que ver con la maniobra delictiva”.
En ese sentido, la resolución judicial representa un importante respaldo para quienes quedaron involucrados como consecuencia del uso indebido de su identidad, ya que las entidades bancarias y financieras deberán reclamar el recupero del dinero directamente a la persona condenada.
En el marco del procedimiento abreviado, Bracamonte reconoció expresamente su responsabilidad penal y, junto con su defensa, manifestó su conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal, la pena impuesta y el trámite elegido.
Por su parte, las cinco personas afectadas por la extracción y utilización de sus datos biométricos también expresaron su acuerdo con lo resuelto por la Justicia.
