Un síndico presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Santa Fe. Señala supuestas maniobras para concentrar funciones. Pide una investigación urgente.
Un síndico del proceso de quiebra de SanCor denunció ante la Corte Suprema de Santa Fe al juez a cargo del expediente por presuntas “graves irregularidades” que afectarían la transparencia del concurso.
La presentación judicial apunta al magistrado de Rafaela, Marcelo Gelcich, a quien se le atribuye haber impulsado un esquema que habría concentrado funciones y reducido los mecanismos de control previstos por ley dentro del proceso concursal.
Según el planteo, se habría designado a una coadministradora para intervenir en la gestión de la empresa sin pasar por el sorteo correspondiente del registro oficial, lo que habría alterado el funcionamiento habitual de la sindicatura.
El escrito sostiene además que esta figura habría pasado de un rol de asistencia a asumir tareas propias del control y la administración, generando una superposición de funciones dentro del proceso.
La denuncia también describe diferencias entre los integrantes de la sindicatura, con algunos síndicos manteniendo una postura de control estricto y otros alineados con las decisiones del juzgado y la coadministración, lo que habría derivado en tensiones internas.
Entre los hechos mencionados se incluyen cuestionamientos a operaciones comerciales dentro del proceso, como una transacción que habría incrementado su valor tras la intervención de la sindicatura disidente.
También se hace referencia a la desaparición de grandes volúmenes de queso bajo resguardo judicial, cuyo valor no habría sido incorporado a las cuentas del expediente, situación que motivó observaciones dentro del proceso.
El denunciante sostiene que las medidas adoptadas habrían derivado en sanciones y desplazamientos dentro del equipo de síndicos, afectando el normal desarrollo del control concursal.
En el escrito se solicita la intervención de la Corte Suprema provincial para que se inicie una investigación, se adopten medidas preventivas y se evalúe la conducta del magistrado en el marco del expediente.
El planteo judicial advierte que las situaciones denunciadas podrían comprometer la transparencia de un proceso que involucra a una empresa con fuerte impacto económico y laboral en el país.
