La Cámara alta tratará la iniciativa este jueves. Buscará ratificar el texto aprobado en marzo. La propuesta difiere de los cambios incorporados por Diputados.
El Senado de Santa Fe volverá a debatir este jueves el proyecto de modificación del Código de Convivencia que busca prohibir la actividad de los cuidacoches en la vía pública. La Cámara alta intentará insistir con la media sanción aprobada en marzo y dejar de lado las modificaciones introducidas posteriormente por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por el senador Ciro Seisas y acompañada por el Gobierno provincial, establece la prohibición de ofrecer o exigir dinero por cuidar, estacionar, lavar o limpiar vehículos cuando esa actividad no esté autorizada por la normativa local.
Sin embargo, Diputados reformuló el proyecto y limitó las sanciones únicamente a los casos en los que existan intimidaciones, amenazas o exigencias de dinero, siempre que la actividad se desarrolle en lugares donde una ordenanza municipal la prohíba.
Seisas anticipó que el Senado buscará ratificar el texto original al considerar que los cambios alteran el espíritu de la iniciativa y dificultan su aplicación. Según planteó, la redacción aprobada por la Cámara baja obliga a demostrar situaciones de intimidación o amenazas para que puedan aplicarse sanciones.
La versión impulsada por el Senado contempla trabajos comunitarios, prohibiciones de concurrencia y arresto en casos de reincidencia, con penas agravadas cuando existan amenazas, violencia, actuación organizada o cuando los hechos ocurran en zonas sensibles, como escuelas, hospitales, bancos, eventos masivos o sectores con estacionamiento medido.
En cambio, el texto de Diputados deja en manos de cada municipio la posibilidad de autorizar, regular o prohibir la actividad mediante ordenanzas y asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de impulsar las acciones contravencionales, con posibilidad de requerir intervención policial cuando corresponda.
Además, la Cámara baja incorporó un capítulo de inclusión social que prevé programas de capacitación laboral, formación en oficios, asistencia vinculada a salud mental y consumos problemáticos para quienes desarrollan esta actividad, e invita a los municipios a implementar políticas similares.
Entre las modificaciones también figura la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno para Rosario y otro para la ciudad de Santa Fe, un punto que despertó cuestionamientos de algunos sectores por considerar que excede el objeto principal del proyecto.
De cara al debate, Seisas sostuvo que una eventual aprobación de la ley no resolverá por sí sola la problemática y remarcó que será necesario coordinar acciones entre la Provincia y los municipios para garantizar controles y avanzar en políticas de inclusión.
