La medida alcanzó varios inmuebles y activos. El objetivo es avanzar con el decomiso. También fueron incluidos bienes de sus hijos.
El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó embargar el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, junto con otras propiedades y activos vinculados a la familia.
La decisión fue tomada en el marco de la causa Vialidad, por la que la expresidenta fue condenada. El tribunal busca avanzar en la recuperación de los $685.000 millones establecidos como perjuicio patrimonial al Estado.
La resolución no implica un remate inmediato de los inmuebles ni modifica la titularidad de los bienes. El embargo establece su indisponibilidad jurídica para impedir transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso.
Entre los bienes alcanzados también figuran un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera en el Madero Center, en Puerto Madero, pertenecientes a la familia Kirchner a través de sociedades comerciales.
En Santa Cruz fueron incluidos terrenos y edificaciones, entre ellos el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén. También quedaron alcanzados inmuebles de El Calafate y Río Gallegos, incluido un chalet ubicado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fundamentaron además la extensión de las medidas sobre bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en esta causa.
El tribunal sostuvo que en el juicio se acreditaron beneficios económicos derivados de las maniobras investigadas y mencionó los vínculos comerciales entre empresas de Lázaro Báez y sociedades relacionadas con la familia Kirchner.
Las medidas también alcanzaron propiedades de empresas constructoras vinculadas al expediente y vehículos de distintos condenados. Entre ellos figuran un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner y automóviles pertenecientes a Lázaro Báez, José López, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Nelson Periotti.
Además, el TOF N° 2 requirió al Banco Galicia información urgente sobre una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro de Florencia Kirchner. El pedido fue realizado con un plazo de 24 horas y bajo apercibimiento de ley.
El fiscal general Diego Luciani solicitó que los 5.656.134 dólares embargados a Florencia Kirchner en esa entidad también sean incorporados al listado de bienes destinados a la recuperación del dinero.
