El mandatario anunció su salida tras la intervención de Ueno Bank y el avance de un pedido de juicio político en su contra. La decisión se precipitó luego de que Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, confirmara que acompañaría su destitución.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis financiera e institucional desatada por la intervención de Ueno Bank y las acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y privados.
A través de un video publicado en su cuenta de la red social X, Peña comunicó su decisión y sostuvo que su salida busca preservar la estabilidad, la paz social y las instituciones democráticas del país.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, expresó el mandatario, quien también pidió disculpas a la ciudadanía si en algún momento no estuvo a la altura de la confianza recibida.
La decisión llegó horas después de que legisladores opositores y disidentes del oficialismo presentaran un pedido de juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana. El golpe definitivo fue el pronunciamiento del expresidente Horacio Cartes, principal referente del Partido Colorado, quien confirmó que la bancada oficialista acompañaría la destitución.
“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, manifestó Cartes. Además, confirmó el respaldo al juicio político para “volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
El posicionamiento tuvo un fuerte impacto político, ya que Cartes fue quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene una importante influencia sobre la estructura del partido gobernante.
La crisis que desencadenó la renuncia
El conflicto se profundizó el martes, cuando el Banco Central del Paraguay ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido.
La entidad contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de 6 millones de habitantes y administraba depósitos que incluían alrededor de 850 millones de dólares pertenecientes al sector público, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.
La situación generó preocupación entre los ahorristas, largas filas frente a las sucursales y protestas en Asunción.
En respuesta, el Congreso aprobó una ley de emergencia que Peña promulgó antes de anunciar su renuncia. La norma establece un mecanismo de anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos para que cada depositante pueda recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 19.787 dólares, en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Durante su mensaje, Peña aseguró que su prioridad era garantizar la tranquilidad de quienes confiaron sus ahorros en el sistema financiero y reclamó que se protejan tanto los depósitos como los fondos públicos.
Investigación judicial y funcionarios imputados
En paralelo, la Fiscalía paraguaya imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras vinculadas con operaciones realizadas entre 2025 y 2026.
La investigación apunta a préstamos y sobregiros otorgados a empresas pertenecientes al mismo grupo económico, en condiciones que, según el Ministerio Público, no habrían respetado los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
Entre los investigados se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores y principales accionistas de la entidad, quien compareció ante la Fiscalía junto a otros siete directivos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los restantes ejecutivos.
La crisis financiera terminó convirtiéndose en una crisis política de enorme magnitud, que dejó a Paraguay ante un escenario institucional inesperado y con fuertes interrogantes sobre el futuro del sistema bancario y la conducción del país.
