Los operativos se realizaron en Villa Oculta. Con estas intervenciones, ya son 95 los inmuebles derribados en la ciudad. La cifra provincial creció desde la aplicación de la Ley de Microtráfico.
El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este jueves el derribo de dos construcciones utilizadas como puntos de venta de drogas en la zona de Héctor Palacios al 3700, en Villa Oculta, Rosario. Con estos procedimientos, ya son 157 los inmuebles inactivados en toda la provincia desde la implementación de la Ley de Microtráfico, a principios de 2024.
Las cifras oficiales indican que 95 de las propiedades intervenidas corresponden a Rosario, mientras que 107 se encuentran dentro del departamento. Los operativos se desarrollan mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia y la Policía, con colaboración de fuerzas federales y autoridades locales.
Durante la intervención, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó el alcance de la normativa y el aporte de los vecinos a través de las denuncias realizadas al 911.
El funcionario sostuvo que la Ley de Microtráfico permitió modificar el abordaje de estos delitos y atender una problemática que durante años afectó a distintos barrios. También remarcó que los puntos de comercialización generan riesgos para quienes viven en las inmediaciones, especialmente por su vinculación con hechos de violencia.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mercedes Banchio, quien explicó que las dos construcciones funcionaban dentro de un terreno de grandes dimensiones que había sido usurpado y pertenece al Estado provincial.
Según detalló, las denuncias vecinales alertaban sobre un movimiento permanente de personas durante toda la jornada. A partir de esos datos, los investigadores utilizaron un dron para observar el lugar y registrar entradas y salidas constantes en ambas edificaciones.
Posteriormente, durante los allanamientos, se encontró abundante material utilizado para el fraccionamiento de estupefacientes. La fiscal también describió las condiciones de precariedad de las construcciones, que no contaban con agua potable, electricidad ni gas.
Banchio aclaró que hasta el momento no hay personas detenidas y señaló que los derribos forman parte de una investigación de mayor alcance. El objetivo, explicó, fue identificar e intervenir los puntos centrales de comercialización para poner fin a la actividad ilegal.
La Ley de Microtráfico contempla la inactivación de inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes y de propiedades relacionadas con actividades delictivas y episodios de violencia altamente lesiva. Desde su puesta en marcha, se convirtió en una de las principales herramientas de intervención provincial contra el narcomenudeo.







