Organizaciones impulsan una campaña de adhesiones. Advierten que la reforma afectaría a miles de usuarios. El debate llegará próximamente al Senado.
La discusión sobre el futuro del régimen de Zona Fría entró en una etapa decisiva y sumó nuevas acciones de entidades de consumidores, organizaciones sociales y espacios multisectoriales que buscan impedir modificaciones al esquema vigente de subsidios al gas.
Luego de obtener media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por el Senado de la Nación, donde se definirá si continúa el actual sistema o se avanza con una nueva modalidad de asistencia.
Con ese objetivo, distintas organizaciones lanzaron una campaña de recolección de firmas para sumar respaldo ciudadano y visibilizar el impacto que tendría la reforma en miles de hogares que actualmente acceden al beneficio.
La propuesta incluye adhesiones digitales y jornadas presenciales en distintas localidades, con la intención de ampliar el apoyo social antes del tratamiento legislativo.
La atención está puesta especialmente en los representantes santafesinos en la Cámara alta. Mientras algunos legisladores ya manifestaron su rechazo a los cambios, otros todavía no hicieron pública su posición respecto del proyecto.
Los sectores que impulsan la defensa del régimen sostienen que una eventual modificación podría afectar a más de 550 mil hogares del sur provincial, donde actualmente rigen descuentos en las tarifas por cuestiones climáticas y de consumo energético.
La normativa vigente fue ampliada en 2021 e incorporó a distintos departamentos santafesinos, entre ellos Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.
Según los planteos de las organizaciones, la reforma reduciría el alcance territorial del programa y establecería criterios socioeconómicos para acceder a los subsidios, dejando fuera a numerosos usuarios que hoy reciben el beneficio por su ubicación geográfica.
Además, advierten que la medida podría traducirse en incrementos significativos en las facturas de gas, especialmente para jubilados, pensionados y sectores medios.
Mientras el Gobierno nacional argumenta que la iniciativa apunta a una mayor focalización de los subsidios y a la reducción del gasto público, los sectores críticos sostienen que la discusión tendrá un fuerte impacto económico y social en las regiones alcanzadas por la Zona Fría.
