La Justicia ordenó cumplir la norma. El Ejecutivo prepara su estrategia judicial. También analiza otras vías para postergar el gasto.
El Gobierno nacional apelará en los próximos días el fallo del juez Martín Cormick, que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado su ejecución.
En Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial. En paralelo, analizan otros mecanismos legales para evitar afrontar de inmediato el gasto que implicaría cumplir con la norma.
La resolución de Cormick hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades nacionales y docentes, además de una demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires.
El magistrado cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había promulgado la ley, pero condicionado su aplicación a la determinación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.
Según el fallo, esa condición podía funcionar como un mecanismo para suspender la aplicación de una norma que el Congreso había aprobado nuevamente con una mayoría de dos tercios, luego de que el Poder Ejecutivo la vetara.
Por ese motivo, el juez ordenó al Gobierno el cumplimiento inmediato de la ley mediante el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias.
Además, Cormick sostuvo que el decreto no superaba un estándar mínimo de razonabilidad, al permitir suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso con las mayorías requeridas.
