El conflicto institucional que desde hace meses atraviesa al Club Huracán de Recreo sumó un nuevo capítulo el pasado viernes, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la sede de la institución, donde fueron secuestrados libros y documentación que serán incorporados a una investigación judicial.
La causa busca esclarecer una compleja situación vinculada tanto al funcionamiento institucional como a presuntas irregularidades en el manejo de fondos del club.
Huracán es una de las instituciones deportivas con mayor tradición de Recreo, con una destacada participación social y deportiva desde mediados del siglo XX, siendo durante décadas un punto de encuentro para actividades deportivas, sociales y culturales de la ciudad.
En diálogo con Power Max Medios, el abogado Nahuel Pujato, representante de uno de los sectores involucrados en el conflicto, explicó que actualmente existen dos frentes judiciales abiertos: uno de carácter institucional y otro de índole penal.
“Hay un conflicto institucional electoral que fue impugnado por irregularidades. Se realizó una asamblea extraordinaria ilegítima. Hoy el expediente está en manos de Personas Jurídicas, que deberá resolver la situación. Si no lo hace, lo resolverá la Justicia”, sostuvo el letrado.
Según indicó, las distintas asambleas convocadas para elegir nuevas autoridades no lograron normalizar la conducción del club, ya que todas fueron impugnadas por presuntas irregularidades.
La investigación penal
Pujato señaló que, paralelamente, presentaron una denuncia penal acompañada de documentación que derivó en el allanamiento realizado el viernes.
“Advertimos que una persona cuyo mandato había finalizado continuaba percibiendo los beneficios económicos del club en su cuenta de Mercado Pago. Eso ocurrió antes, durante y después de haber cesado en el cargo. Esa situación nos llamó mucho la atención y, junto con otros hechos que consideramos irregulares, presentamos la denuncia correspondiente”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, si bien el club posee cuentas propias para administrar sus recursos, los pagos realizados por distintos conceptos habrían sido direccionados a una cuenta personal.
“La gente depositaba allí el alquiler del bar, del salón, del kiosco, prácticamente todos los ingresos. El club tiene sus cuentas institucionales, pero los fondos iban a la cuenta de una persona”, manifestó.
Además, no descartó que la investigación pueda ampliarse a otros involucrados una vez que la Justicia analice la documentación secuestrada durante el procedimiento.
“Creemos que la denuncia podría ampliarse a más personas cuando se conozca toda la información. Todo eso es materia de investigación”, expresó.
Un club en un escenario de incertidumbre
Mientras avanza la investigación penal y continúa pendiente la resolución administrativa sobre la validez de las asambleas impugnadas, la institución atraviesa un escenario de incertidumbre.
“El estado actual del club es de incertidumbre total. Todas las elecciones y asambleas han sido impugnadas”, concluyó Pujato.
Ahora será la Justicia, junto con el organismo provincial competente en materia de Personas Jurídicas, la que deberá determinar tanto la legalidad de los actos institucionales cuestionados como las eventuales responsabilidades penales derivadas de la administración de los recursos de la entidad.
