La Justicia confirmó en segunda instancia la prisión preventiva de una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), de 27 años, investigada por la presunta filtración de información reservada vinculada a una causa por microtráfico en Avellaneda.
La decisión fue adoptada por el camarista Eduardo Bernacchia, quien ratificó la resolución de primera instancia del juez Mauricio Martelossi. La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General.
Según la atribución delictiva, la mujer, identificada por sus iniciales como SEO, y otro agente policial habrían contribuido a frustrar parcialmente una serie de allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en distintos domicilios de Avellaneda.
La filtración de información
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la suboficial y el otro agente investigado habrían utilizado su condición de funcionarios públicos y el acceso a información confidencial para beneficiar a personas vinculadas a una investigación por venta de drogas.
Según explicó el fiscal Galleano, mientras la suboficial se encontraba de licencia, el otro imputado le habría comunicado la fecha exacta en la que se realizarían los allanamientos.
Posteriormente, la mujer habría enviado mensajes a través de WhatsApp a uno de los residentes de los domicilios que iban a ser allanados, con el objetivo de alertarlo para que él y otras personas de su entorno pudieran evitar la intervención policial y judicial.
La investigación también detectó, según la Fiscalía, que luego de que se descubriera la filtración, ambos agentes habrían mantenido conversaciones relacionadas con los mensajes que podían comprometerlos, eliminado chats y descartado dispositivos móviles.
La hipótesis que habría intentado instalarse
Galleano sostuvo que los investigadores también cuentan con evidencias que indicarían que los imputados intentaron desviar la investigación.
Según la acusación, habrían procurado instalar la hipótesis de que la información sobre los allanamientos había sido filtrada por otros integrantes de la fuerza.
Para ello, siempre de acuerdo con la Fiscalía, se habrían confeccionado imágenes digitales que simulaban capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que supuestamente habían mantenido superiores y compañeros de trabajo con personas vinculadas a los domicilios allanados.
Los motivos para mantener la prisión preventiva
Al confirmar la prisión preventiva, el camarista Bernacchia consideró que las evidencias reunidas hasta esta etapa resultan suficientes para acreditar, con el grado de probabilidad requerido, la materialidad de los hechos investigados.
También tuvo en cuenta que la eventual pena sería de cumplimiento efectivo y, especialmente, la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio.
Según explicó el fiscal, el magistrado consideró que la imputada podría tener capacidad para desviar la investigación y que existe riesgo respecto de los testigos.
La defensa había solicitado que la mujer cumpliera la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, entre otros argumentos vinculados con el cuidado de su bebé.
En ese punto, el camarista evaluó el interés superior del niño y consideró que este no se identifica exclusivamente con la presencia de la madre en el hogar. También tuvo en cuenta que la salud y el cuidado de la bebé están siendo atendidos por familiares y médicos.
No obstante, Bernacchia instó a la Fiscalía a gestionar a la brevedad un lugar de alojamiento que permita a la imputada permanecer junto a su bebé o, en su defecto, disponer de condiciones más adecuadas a su situación y estado de salud.
La imputación
La suboficial es investigada como coautora de los delitos de encubrimiento agravado por su condición de funcionaria pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el mismo legajo también permanece bajo prisión preventiva otro agente de la Policía de Investigaciones, quien es investigado por su presunta participación en la filtración de información que habría permitido frustrar parcialmente los allanamientos vinculados a una causa por microtráfico en Avellaneda.
