La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre de 28 años y a una mujer de 35 en la ciudad de Malabrigo, en el norte de la provincia de Santa Fe, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley 23.737.
La investigación se inició el jueves 2 de octubre, cuando el hombre fue interceptado mientras circulaba en un automóvil por la Ruta Nacional 11, a la altura del ex peaje de Videla. Según la información oficial, en el baúl del vehículo llevaba una valija con bolsas que contenían flores de cannabis, por lo que quedó detenido por disposición judicial.
A partir de las tareas investigativas posteriores, la PDI estableció que el sospechoso estaría vinculado como secretario de la Asociación Civil CANNABRIGO. En ese contexto, se realizaron distintos allanamientos en inmuebles de Malabrigo relacionados con el investigado y con asociaciones vinculadas al cultivo de cannabis.
Plantas, flores y dinero secuestrado
Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 648 plantas de marihuana, 336 gajos y aproximadamente 3,355 kilos de flores de cannabis.
Además, fueron incautados frascos y envoltorios con marihuana, aceites, ungüentos, balanzas y distintos elementos que, según la investigación, estarían destinados al cultivo y fraccionamiento.
También se secuestró documentación vinculada al REPROCANN, tres teléfonos celulares y un equipo DVR.
Entre el dinero encontrado durante los procedimientos se contabilizaron $4.886.000, 1.656 dólares y 9.000 guaraníes.
En uno de los domicilios allanados, ubicado sobre calle 25 de Mayo al 1400, los agentes encontraron a una mujer de 35 años, quien figuraría como vocal suplente de CANNABRIGO.
Tras la consulta con la fiscal Daniela Montegrosso, se dispuso también su detención.
Investigan una posible comercialización ilegal
De acuerdo con lo informado por la PDI, la investigación continúa para determinar si detrás de las actividades desarrolladas por las asociaciones involucradas existieron maniobras de comercialización ilícita de cannabis bajo la cobertura de entidades habilitadas para el cultivo.
La causa permanece en etapa investigativa y será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las evidencias reunidas durante los procedimientos.
