La iniciativa obtuvo unanimidad. Prevé nuevos mecanismos de protección. También incorpora herramientas de monitoreo y asistencia.
La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad la media sanción del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para establecer un sistema integral de prevención, protección y gestión del riesgo frente a la violencia de género.
La propuesta, presentada mediante el Mensaje del Poder Ejecutivo N.º 27/2026, fue enriquecida con aportes del oficialismo y del Bloque Justicialista. Durante el debate, los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la respuesta estatal y garantizar la protección de las víctimas.
El senador Esteban Motta destacó la importancia de abordar la problemática con medidas concretas y sostuvo que la seguridad de las víctimas debe estar por encima de las diferencias políticas. También remarcó la rapidez del tratamiento legislativo, ya que el proyecto obtuvo media sanción una semana después de su ingreso.
Por su parte, el senador Ciro Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló que una de cada cuatro llamadas al 911 está vinculada con situaciones de violencia de género. Además, indicó que el departamento Rosario concentra 20 de los 37 casos de femicidio mencionados durante la sesión y que en el último año se registraron más de 6.700 consultas, unas 18 por día, según los datos expuestos.
El senador Rubén Pirola valoró la incorporación de herramientas tecnológicas y destacó que las acciones de coordinación continúen bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, a partir de una propuesta del Bloque Justicialista aceptada por el oficialismo.
Al cierre del debate, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, resaltó el trabajo conjunto entre los distintos espacios políticos y las reuniones mantenidas con ministros, senadores y diputados para avanzar en el texto aprobado.
Entre los principales puntos, el proyecto establece cuatro niveles de riesgo —bajo, medio, alto y crítico— para definir las medidas de protección según cada situación. También contempla un registro digital unificado de denuncias y medidas, destinado a mejorar el intercambio de información entre organismos y preservar los datos personales.
Para los casos de riesgo alto o crítico, propone como regla general el monitoreo electrónico de la víctima y del agresor, con excepciones que deberán contar con justificación judicial. Además, prevé la intervención estatal ante alertas técnicamente validadas, sin exigir una confirmación de la víctima, y el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego en las situaciones de mayor riesgo.
La iniciativa incorpora otras herramientas, como restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y medidas frente al hostigamiento digital. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en una nueva evaluación del riesgo y en decisiones judiciales adicionales.
Asimismo, contempla un procedimiento simplificado para solicitar protección, asistencia jurídica gratuita y urgente, y la prohibición de recurrir a mediaciones o conciliaciones en estos casos. También propone un equipo especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa para acompañar a las víctimas y medidas específicas para resguardar a niños y adolescentes expuestos a situaciones de violencia.
Por último, se prevé un fondo de asistencia de emergencia para afrontar gastos urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambio de cerraduras y medidas de seguridad en el hogar. El proyecto también apunta a revisar las medidas de protección y fortalecer la coordinación entre los organismos estatales.
Tras la media sanción en el Senado, la iniciativa deberá continuar su tratamiento legislativo.
