Doce personas fueron detenidas ayer en 17 allanamientos realizados en las ciudades de Santa Fe, Esperanza y Recreo en el marco de un legajo penal en el que se investiga la circulación ilegal de armas de fuego.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Juliana González, quien integra el Equipo de Trabajo de Abordaje Estratégico sobre Armas de fuego de la Fiscalía General. Las tareas, por su parte, fueron realizadas por personal de la Policía Federal Argentina.
La investigación forma parte de los Objetivos Priorizados del MPA y surgió de forma proactiva a partir del análisis de información solicitada al Registro Nacional de Armas (Renar) y a la Subsecretaría de Intervención Federal. En tal sentido, el trabajo llevado a cabo se enmarca en un convenio firmado por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, con el Renar y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
“A partir del análisis de información registrada entre 2016 y 2025 acerca de solicitudes de tenencias de armas, el MPA elaboró un listado de personas domiciliadas en el departamento La Capital, cuyos perfiles económicos, en principio, no les podría haber permitido adquirir armas de fuego”, explicó González.
“Hay un total de 150 armas que deberían haber estado en 11 lugares informados como lugares de guarda, sin embargo, no estaban”, señaló González y agregó que “el hecho de no haberlas encontrado, junto con otros elementos que estamos analizando, abonan la hipótesis que trabajamos desde la Fiscalía General de que esas armas fueron introducidas en el circuito ilegal”.
La funcionaria del MPA también indicó que “hay personas que compraron exactamente la misma pistola, repetidas veces, en muy poco tiempo y sin tener fondos para hacerlo”, y precisó que “entre las armas de fuego que poseen, su gran mayoría son calibre 9, 40 y 380 milímetros que son las que tienen mayor poder ofensivo y las más utilizadas en los hechos de violencias altamente lesivas”.
Por último, González añadió que “también pudimos comprobar que algunas de las armas que debían estar en su legítima posesión fueron secuestradas en hechos ilícitos a raíz de que fueron usadas por otras personas que no revestían la calidad de legítimos usuarios”.
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