El juez federal Martín Cormick otorgó cinco días al Ejecutivo para cumplir con la medida cautelar que establece mejoras salariales para docentes y no docentes, además de una actualización del presupuesto destinado a becas. En caso de incumplimiento, advirtió que podrían aplicarse multas diarias.
- La Justicia le dio cinco días al Gobierno para actualizar salarios y becas
- El historial del conflicto por el financiamiento universitario
- 2024: el inicio de las movilizaciones
- 2025: una nueva ley y el comienzo de la disputa judicial
- 2025 y 2026: fallos judiciales y reclamos universitarios
- Voces santafesinas ante la situación universitaria
La Justicia le dio cinco días al Gobierno para actualizar salarios y becas
Cormick advirtió que, si el oficialismo continúa sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.
Hace unas semanas, el juez no había hecho lugar a la solicitud de la administración libertaria que pidió levantar la cautelar porque sostuvo que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.
Al mismo tiempo, había intimado al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento al que se había llegado.
El magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.
El historial del conflicto por el financiamiento universitario
La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas se extiende desde 2024 y combina reclamos salariales, movilizaciones, decisiones legislativas y una batalla judicial por la aplicación de la Ley 27.795.
2024: el inicio de las movilizaciones
El conflicto tomó fuerza en 2024, cuando las universidades nacionales reclamaron una actualización de sus presupuestos y una recomposición de los salarios docentes y no docentes. En septiembre de ese año, el Congreso aprobó una iniciativa de financiamiento universitario que posteriormente fue vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 879/2024.
2025: una nueva ley y el comienzo de la disputa judicial
En agosto de 2025, el Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma contempla la actualización de los gastos de funcionamiento, los salarios del personal universitario y las becas estudiantiles.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley en octubre de 2025, aunque condicionó su ejecución a la determinación de las fuentes de financiamiento, mediante el Decreto 759/2025. Esta decisión derivó en un reclamo judicial impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades.
2025 y 2026: fallos judiciales y reclamos universitarios
En diciembre de 2025, el juez Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar y ordenó la aplicación inmediata de los artículos vinculados con la actualización salarial y las becas. El Gobierno apeló la decisión, pero el 31 de marzo de 2026 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la cautelar.
Durante 2026 continuaron las negociaciones entre el Gobierno y las universidades. En junio se anunció un acuerdo que contemplaba una recomposición salarial del 24,33% y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Sin embargo, la discusión judicial sobre el cumplimiento integral de la ley continuó.
En septiembre, el juez Cormick volvió a intimar al Ejecutivo, al considerar que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano no acreditaba el cumplimiento de la medida cautelar.
Voces santafesinas ante la situación universitaria
El conflicto también generó pronunciamientos de representantes santafesinos. El diputado nacional Esteban Paulón cuestionó el incumplimiento de la normativa, mientras que el legislador Diego Giuliano expresó su respaldo a los reclamos de docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario.
Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la UNR y presidente del CIN, destacó la decisión judicial y reclamó que el Gobierno cumpla con lo establecido dentro de los plazos fijados.
La disputa por el financiamiento universitario continúa en el ámbito judicial y político, con reclamos centrados en los salarios, las becas y el presupuesto necesario para el funcionamiento de las universidades públicas.
