Busca sostener la asistencia en áreas sensibles. El Gobierno fundamentó la decisión en indicadores de vulnerabilidad.
El gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la prórroga por un año de la emergencia social, educativa y sanitaria en toda la provincia de Santa Fe mediante el decreto 1257.
La medida extiende la vigencia de la Ley Nº 14.241 y tiene como finalidad garantizar el acceso a derechos fundamentales vinculados con la educación, la salud, la seguridad alimentaria y la protección integral de sectores vulnerables.
Entre los fundamentos de la decisión, el Ejecutivo provincial mencionó los indicadores sociales relevados por el Indec durante el segundo semestre de 2025. Según se detalla en el decreto, los niveles de pobreza continúan reflejando situaciones de precariedad en distintos puntos del territorio santafesino.
En el Gran Rosario, la pobreza alcanzó al 16,6 % de los hogares y al 22,3 % de las personas. En tanto, en el Gran Santa Fe los porcentajes llegaron al 22,8 % de los hogares y al 30,6 % de la población.
El texto también hace referencia a informes sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, señalando que persisten escenarios de vulnerabilidad social que requieren la continuidad de medidas extraordinarias.
Otro de los aspectos considerados fue el incremento de los consumos problemáticos. De acuerdo con datos oficiales, las intervenciones realizadas por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas crecieron significativamente entre 2023 y 2025, con un aumento acumulado superior al 150 %.
Asimismo, el Gobierno provincial advirtió sobre el impacto de la crisis económica en el sistema de salud pública. Según se indicó, la pérdida de cobertura médica y las dificultades de acceso a prestaciones privadas generaron una mayor demanda en hospitales y centros sanitarios provinciales.
En ese marco, desde la administración santafesina cuestionaron la interrupción de programas nacionales vinculados a salud y señalaron que la provincia debió asumir responsabilidades que anteriormente eran cubiertas por el Estado nacional.
También remarcaron que la irregularidad en la provisión de medicamentos, vacunas e insumos esenciales obligó a reforzar recursos económicos y operativos para garantizar la atención de la población.
Con esta decisión, la emergencia social, educativa y sanitaria continuará vigente durante un año más mientras el Gobierno provincial sostiene las acciones destinadas a atender las áreas consideradas prioritarias.
