La concejal Melina Andrés, del Concejo Municipal de Laguna Paiva, presentó un proyecto de ordenanza que propone establecer un Régimen Municipal de Tierras e Inmuebles, con el objetivo de unificar y ordenar las normas vinculadas con la administración, adjudicación, regularización y venta de terrenos, viviendas y otros inmuebles pertenecientes al Municipio.
- Un Banco Municipal de Tierras
- Registro para acceder a lotes y viviendas
- Venta de terrenos y formas de pago
- Un régimen para ocupantes históricos
- Producción, empleo e inversiones
- Un capítulo específico para el Balneario Municipal
- Mayor control y participación del Concejo
- Qué pasaría con las normas anteriores
La iniciativa fue presentada el 8 de septiembre de 2026 y plantea la creación de un marco normativo general que permita establecer criterios comunes para el manejo del patrimonio inmobiliario municipal. Según los fundamentos del proyecto, actualmente existe un conjunto de ordenanzas y disposiciones particulares que fueron sancionadas a lo largo del tiempo, generando un esquema normativo disperso.
Entre los objetivos planteados se encuentran la protección del patrimonio municipal, el acceso a la vivienda, la regularización de ocupaciones históricas legítimas, la promoción de actividades productivas e inversiones y el establecimiento de procedimientos públicos y transparentes.
Un Banco Municipal de Tierras
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Banco Municipal de Tierras e Inmuebles, que estaría integrado por todos los inmuebles de propiedad municipal y aquellos que se incorporen posteriormente.
La propuesta establece que el Municipio deberá elaborar un inventario con información sobre ubicación, nomenclatura catastral, superficie, titularidad, estado de ocupación, servicios, mejoras, valuación, restricciones y posible destino de cada inmueble. Ese inventario debería actualizarse al menos una vez al año y ser remitido al Concejo Municipal.
Además, el proyecto establece que determinados espacios, como calles, plazas, espacios verdes, costas, accesos públicos, reservorios, zonas de riesgo no mitigable y terrenos necesarios para futuras obras municipales, no podrán ser vendidos ni adjudicados para uso privado.
Registro para acceder a lotes y viviendas
La iniciativa también propone crear un Registro Único de Aspirantes a Tierra y Vivienda, cuya inscripción sería gratuita y debería ser difundida públicamente.
Entre los requisitos generales previstos figuran ser mayor de edad, acreditar una residencia mínima de tres años en Laguna Paiva, informar la composición del grupo familiar y no poseer otro inmueble. También se establece que no podrá exigirse un empleo registrado como única forma de acreditar ingresos.
En aquellos casos en los que haya más aspirantes que inmuebles disponibles, la selección se realizaría mediante sorteo ante escribano público, con publicación previa del listado de aspirantes. El proyecto contempla además determinados cupos o prioridades para personas con discapacidad, empleados municipales, bomberos voluntarios, adultos mayores y diversidad de género.
Venta de terrenos y formas de pago
El proyecto establece que los terrenos municipales deberán ser vendidos tomando como referencia una tasación técnica actualizada del inmueble.
La propuesta contempla el pago al contado o mediante un esquema que permita abonar el 50% del valor y financiar el 50% restante en hasta 18 cuotas. Previo estudio socioeconómico y con aprobación del Concejo Municipal, ese plazo podría extenderse hasta 36 cuotas.
También establece que funcionarios y asesores que formen parte de la administración municipal no podrán adquirir terrenos o viviendas municipales, bajo criterios de transparencia e incompatibilidad.
Los inmuebles adjudicados con destino habitacional deberán utilizarse como vivienda única y permanente y no podrán venderse, alquilarse o cederse con fines especulativos durante un período mínimo de diez años.
Un régimen para ocupantes históricos
Otro de los capítulos relevantes propone crear, por un período inicial de doce meses, un Régimen de Regularización de Ocupantes Históricos de Inmuebles Municipales.
Podrían solicitar la regularización quienes acrediten una ocupación iniciada antes del 1 de enero de 2025, siempre que se trate de situaciones consideradas legítimas y se cumplan las condiciones establecidas en el proyecto.
La propuesta contempla a comodatarios, concesionarios, adjudicatarios, compradores con documentación incompleta, familias instaladas por decisión municipal y sus continuadores o sucesores, entre otros casos.
El procedimiento incluiría inspecciones, informes sociales, estudios dominiales y catastrales, verificación de servicios y mejoras y la publicación de un listado provisorio para permitir observaciones de los interesados.
Producción, empleo e inversiones
El proyecto no se limita al acceso a terrenos para vivienda. También establece mecanismos para que inmuebles municipales puedan destinarse a actividades productivas, comerciales, tecnológicas, energéticas, turísticas, recreativas o de servicios que generen inversión, empleo o beneficios para la ciudad.
Para estos casos se propone priorizar mecanismos como concesiones de uso, locaciones, derechos de superficie o ventas condicionadas, con intervención del Concejo Municipal. Los proyectos deberían ser seleccionados mediante licitación o concurso público, salvo las excepciones previstas por la normativa.
También se incluye un régimen específico para microemprendimientos, cooperativas y empresas locales, con posibilidades de financiamiento de hasta 36 cuotas y la obligación de presentar proyectos y planes de producción o servicios.
Un capítulo específico para el Balneario Municipal
El proyecto dedica un capítulo particular al Balneario Municipal, donde establece que la administración de los inmuebles deberá preservar el acceso público, la costa, el paisaje, el ambiente, la seguridad hídrica y la función turística del sector.
Para nuevos proyectos se plantea utilizar preferentemente concesiones o derechos de superficie, mientras que la venta tendría carácter excepcional y no podría comprender sectores costeros, accesos públicos, áreas de protección o sectores considerados estratégicos.
La propuesta también establece que los ingresos obtenidos por los inmuebles del Balneario deberían destinarse prioritariamente a obras, servicios, seguridad, accesibilidad y protección ambiental del área.
Mayor control y participación del Concejo
El proyecto crea además una Comisión Municipal de Tierras, integrada por distintas áreas del Ejecutivo y con un representante por cada bloque del Concejo Municipal. Esta comisión tendría intervención previa en adjudicaciones, regularizaciones, concesiones, ventas y recuperaciones de inmuebles.
Asimismo, toda venta, constitución de derechos reales o gravamen sobre un inmueble municipal requeriría autorización mediante ordenanza, de acuerdo con las mayorías establecidas por la legislación provincial.
La iniciativa contempla también informes periódicos al Concejo Municipal sobre adjudicaciones, contratos, pagos, incumplimientos, caducidades, recuperaciones y escrituras.
Qué pasaría con las normas anteriores
De aprobarse el proyecto, se propone derogar un conjunto de ordenanzas anteriores vinculadas con la administración de tierras e inmuebles municipales, entre ellas las ordenanzas 592/87, 980/94, 1.280/00, 1.372/02, 1.384/03, 1.400/03, 2.044/12, 2.214/15, 2.238/15, 2.242/15, 2.374/18 y 2.381/18.
El texto aclara que esa derogación no afectaría los actos firmes ni los contratos celebrados durante la vigencia de esas normas.
El proyecto presentado por Melina Andrés deberá ahora continuar su tratamiento en el Concejo Municipal de Laguna Paiva, donde los ediles analizarán su contenido antes de definir su eventual aprobación, modificación o rechazo.
