La nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe abre un debate sobre la cantidad de integrantes de los órganos legislativos locales. Laguna Paiva, Monte Vera, Sauce Viejo y San José del Rincón deberán definir si mantienen su composición actual o avanzan hacia una estructura más reducida. En Recreo, la discusión suma una particularidad: su población está muy cerca de los 20.000 habitantes.
La nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe, sancionada bajo el número 14.436, puso sobre la mesa una discusión que atraviesa a distintos gobiernos locales de la provincia: cuántos integrantes deben tener sus órganos legislativos y qué decisión tomarán los intendentes frente a la posibilidad de reducir su composición.
El artículo 106 establece que los municipios que actualmente cuentan con más integrantes de los que prevé la nueva normativa pueden optar por mantener su número actual o adecuarse a la cantidad establecida por la ley. Para hacerlo, la iniciativa debe partir del Departamento Ejecutivo, ser aprobada mediante una ordenanza con el voto favorable de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo Municipal y comunicarse a la Legislatura provincial.
El plazo para formalizar esa decisión vence el 30 de noviembre de 2026. Si no se adopta una resolución dentro de ese período, se entenderá que el municipio mantiene su integración actual. La ley también establece que, a partir de 2031, los órganos legislativos municipales deberán ajustarse a la composición prevista en la nueva normativa.
Cuatro ciudades de la región, ante una misma disyuntiva
En el Gran Santa Fe, la discusión alcanza a Laguna Paiva, Monte Vera, Sauce Viejo y San José del Rincón, localidades que, según los datos poblacionales oficiales del Censo 2022, se encuentran por debajo de los 20.000 habitantes.
La nueva ley establece cinco integrantes para los órganos legislativos de las localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes. Para las que tienen entre 3.000 y 10.000 habitantes, prevé una Comisión Municipal integrada por cinco miembros.
Esta distinción es importante en el caso de Monte Vera, que registró 9.976 habitantes en el Censo 2022 y se encuentra por debajo del umbral de los 10.000. En cambio, Laguna Paiva contabilizó 13.647 habitantes, San José del Rincón 14.405 y Sauce Viejo 14.372.
Para estos gobiernos locales, la cuestión no se limita a una modificación administrativa. La decisión supone discutir la composición de sus órganos legislativos, el funcionamiento institucional y la continuidad de la estructura política vigente.
Los intendentes tienen la iniciativa
El punto central de la discusión es que la decisión no depende exclusivamente de los concejales. La ley establece que la iniciativa debe surgir del Departamento Ejecutivo municipal y luego ser aprobada por una mayoría especial del cuerpo legislativo.
En consecuencia, serán los intendentes quienes deberán definir si impulsan una ordenanza para reducir la cantidad de integrantes o si promueven mantener la composición actual.
En conversaciones informales, distintos actores políticos plantean posiciones diferentes frente a esta posibilidad. Mientras algunos consideran conveniente avanzar hacia una estructura más reducida, otros advierten sobre el costo político de abrir una discusión que involucra directamente a los propios concejos.
Entre los ediles también existen posturas diversas: hay quienes sostienen que, si la nueva ley fija una determinada composición, corresponde adecuarse a ella, mientras que otros consideran necesario analizar las particularidades de cada ciudad.
Sin embargo, hasta el momento, el debate no se ha instalado de manera visible en la agenda pública de estas localidades. La ausencia de proyectos o iniciativas difundidas sobre el tema mantiene la discusión, al menos públicamente, en un segundo plano.
¿Qué pasará en las elecciones de 2027?
La fecha límite es determinante para el escenario electoral del próximo año.
Si un municipio decide adecuarse a la nueva estructura y completa el procedimiento previsto por la ley, deberá avanzar con la composición correspondiente. Si, en cambio, no formaliza una decisión antes del 30 de noviembre, mantendrá su integración actual.
Esto significa que el silencio institucional también tiene consecuencias: no resolver el cambio dentro del plazo no equivale a reducir la cantidad de representantes, sino que implica conservar la estructura vigente, de acuerdo con el artículo 106.
La norma establece, además, que desde 2031 todos los municipios alcanzados deberán conformar sus órganos legislativos de acuerdo con la nueva ley.
Recreo, un caso particular por su población
En Recreo, el debate tiene un elemento adicional. Según los datos oficiales del Censo 2022, la ciudad registró 19.248 habitantes, una cifra cercana al límite de los 20.000 que establece la nueva normativa.
Algunos referentes locales sostienen que la población real podría ser superior y cuestionan la representatividad del relevamiento censal. Sin embargo, para analizar el encuadre legal debe tomarse como referencia el dato oficial disponible, sin perjuicio de que puedan existir futuras actualizaciones estadísticas.
La diferencia es relevante: el esquema legal establece cinco integrantes para las localidades de entre 10.000 y 20.000 habitantes y siete para las que superan los 20.000 y llegan hasta los 50.000. Por eso, la discusión sobre la población de Recreo adquiere una dimensión institucional que no se presenta de la misma manera en las localidades de la región con cifras demográficas considerablemente menores.
El gasto político, bajo la mirada de los vecinos
En un contexto nacional en el que la reducción del gasto público y el tamaño de las estructuras políticas forman parte de la discusión pública, la decisión que adopten los gobiernos locales será observada por los vecinos.
La cantidad de representantes, el costo de funcionamiento de los órganos legislativos y la necesidad de garantizar una representación adecuada son aspectos que forman parte del debate. La reducción de integrantes, por sí sola, no permite determinar cuánto dinero se ahorraría: para establecerlo sería necesario conocer las remuneraciones, los gastos operativos y el presupuesto de cada institución.
Por ahora, la ley ofrece una alternativa y fija una fecha concreta para ejercerla. La decisión política queda en manos de los intendentes, con la aprobación de los respectivos concejos.
El interrogante es si los gobiernos locales abrirán el debate antes del 30 de noviembre o si dejarán que la composición actual continúe durante el próximo año. En Laguna Paiva, Monte Vera, Sauce Viejo, San José del Rincón y Recreo, la discusión todavía tiene un capítulo por escribirse.
