El Senado aprobó el proyecto. Los controles serán obligatorios y gratuitos. La medida alcanza a los tres poderes del Estado.
El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado provincial.
La iniciativa, impulsada por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, busca reforzar la transparencia institucional, prevenir situaciones vinculadas al consumo de sustancias ilegales y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.
El alcance incluye a funcionarios electivos y personas designadas políticamente. Entre ellos se encuentran el gobernador, vicegobernador, ministros y autoridades policiales del Poder Ejecutivo; legisladores; magistrados; integrantes del Ministerio Público de la Acusación y autoridades de los organismos de control.
El proyecto establece cuatro momentos para la realización de los estudios. Deberán efectuarse dentro de los primeros 30 días de asumido el cargo, una vez por año, de manera aleatoria mediante sorteo transparente y ante denuncias concretas y fundamentadas.
Los exámenes serán gratuitos y obligatorios para quienes estén alcanzados por la norma. A su vez, el resto de los agentes públicos provinciales podrá acceder a los controles de manera voluntaria.
En caso de obtenerse un resultado positivo, la propuesta plantea un abordaje no punitivo. Un equipo interdisciplinario deberá intervenir para brindar contención y evaluar la aptitud del funcionario, con alternativas que pueden incluir tratamientos ambulatorios, licencias temporales o reasignaciones transitorias.
El texto también contempla la protección de la salud mental y la confidencialidad de la información obtenida durante los procedimientos.
Por otra parte, la negativa injustificada a realizarse el examen será considerada una falta grave. Según el régimen correspondiente, podrá derivar en suspensiones preventivas, sumarios administrativos o procesos de remoción.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados de Santa Fe. Si obtiene la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la norma y se invitará a municipios y comunas a adherir.
