Francia dispuso toques de queda parciales en distintas ciudades para intentar contener la ola de violencia que dejó casi 2.400 detenidos y alrededor de 1.000 agentes heridos durante el fin de semana. La decisión fue ordenada este lunes por el primer ministro, Sébastien Lecornu, luego de una reunión de crisis en el Ministerio del Interior.
Las restricciones buscan frenar nuevos episodios de saqueos y enfrentamientos, después de que las manifestaciones contra el aumento del costo de vida y la inflación derivaran en graves disturbios en distintas localidades del país. Por el momento, el Gobierno no precisó qué ciudades quedarán alcanzadas por la medida.
Macron reconoció fallas en el operativo de seguridad
El presidente francés, Emmanuel Macron, admitió errores en la planificación y la respuesta de las fuerzas de seguridad durante las protestas del sábado 17 de octubre. En un discurso televisado, llamó a la unidad nacional y aseguró que los responsables de los saqueos deberán responder por los daños ocasionados.
Pese a la gravedad de los incidentes, el mandatario descartó declarar el estado de emergencia. En paralelo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había presentado su renuncia tras reconocer que la policía perdió el control de las manifestaciones, pero Macron decidió rechazarla.
El jefe de Estado le encomendó, en cambio, garantizar la transparencia sobre las fallas de planificación e inteligencia que permitieron la escalada de violencia.
Saqueos, incendios y enfrentamientos en varias ciudades
Las manifestaciones reunieron a unas 550.000 personas, según las cifras difundidas en el informe, mientras que la central sindical CGT estimó una concurrencia de 800.000 manifestantes.
Las movilizaciones habían comenzado semanas atrás con reclamos estudiantiles por las condiciones de los establecimientos educativos y luego incorporaron demandas relacionadas con la inflación, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
Durante las marchas, grupos encapuchados se enfrentaron con la policía y protagonizaron saqueos e incendios. En París, las fuerzas antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.
En Marsella, más de un centenar de agentes resultaron heridos y se registraron incidentes en el ayuntamiento. En Limoges, un incendio provocó graves daños en el edificio de la alcaldía y ocasionó el derrumbe de parte de su techo.
Los ataques también alcanzaron comercios de ropa, supermercados, farmacias, locales de lujo y tiendas de electrónica en ciudades como Niza, Burdeos, Lille, Estrasburgo, Grenoble, Toulouse y Nantes.
Además, un adolescente de 17 años sufrió la pérdida de su mano derecha tras la explosión de una granada utilizada para el control de multitudes en Saint-Étienne.
El Gobierno busca contener la crisis y crece la presión política
Tras los disturbios, Lecornu encabezó una reunión de crisis para coordinar la asistencia económica a los comerciantes afectados, evaluar la cobertura de los seguros y avanzar en el seguimiento judicial de los responsables.
Antes de la orden nacional, algunas autoridades locales ya habían aplicado restricciones nocturnas y prohibiciones de concentraciones para evitar nuevos episodios de violencia.
La respuesta del Ejecutivo también generó fuertes cuestionamientos de la oposición. Marine Le Pen responsabilizó al gobierno de Macron por la crisis, mientras que Jean-Luc Mélenchon cuestionó la eficacia de los posibles toques de queda y de una eventual declaración de emergencia.
El Gobierno espera que las vacaciones escolares de medio trimestre contribuyan a reducir las tensiones. Sin embargo, distintas organizaciones sindicales y el movimiento de los chalecos amarillos convocaron nuevas movilizaciones para el 5 de noviembre.
La crisis representa un nuevo desafío para las autoridades francesas, que deberán contener la violencia y atender los reclamos sociales vinculados con el costo de vida, mientras avanzan las investigaciones sobre los fallos de seguridad registrados durante el fin de semana.
