La Justicia resolvió sobreseer a Gino C., el adolescente señalado como autor del tiroteo ocurrido en marzo en la Escuela Normal Mariano Moreno N.º 40 de San Cristóbal, donde murió un estudiante de 13 años y otros ocho resultaron heridos.
La decisión fue adoptada por el juez penal José Boaglio, quien hizo lugar al planteo presentado por la defensa del joven, integrada por Mariana Oroño y Federico Kiener.
El argumento central fue que, al momento del ataque, el adolescente tenía 15 años y todavía no se encontraba vigente la nueva Ley Penal Juvenil, que modificó la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.
Por qué se dispuso el sobreseimiento
De acuerdo con la información difundida, la resolución se encuadra en la legislación que regía cuando ocurrió el hecho, la Ley 22.278, que establece que los menores de 16 años no son punibles penalmente.
Por ese motivo, el adolescente no puede recibir una condena penal por el hecho bajo ese régimen, aunque se le atribuyó formalmente su participación y continúa bajo medidas de seguimiento y resguardo con intervención estatal.
La decisión judicial reavivó el debate sobre las respuestas legales e institucionales ante hechos de violencia extrema protagonizados por menores de edad.
El ataque que conmocionó a San Cristóbal
El episodio ocurrió el 30 de marzo de 2026, cuando un adolescente ingresó armado con una escopeta al establecimiento educativo y abrió fuego en el patio interno, mientras los alumnos comenzaban la jornada escolar.
Como consecuencia, Ian Cabrera, de 13 años, murió en el lugar y otros ocho estudiantes sufrieron heridas de distinta gravedad.
El hecho provocó una profunda conmoción en San Cristóbal y obligó a implementar medidas de acompañamiento para facilitar el regreso a clases, luego de semanas de interrupción de la actividad escolar.
Según las pericias mencionadas en la información original, se descartaron hipótesis vinculadas con el bullying y un brote psicótico, mientras que la investigación señaló posibles conexiones con comunidades digitales violentas y extremistas.
La resolución judicial cierra la posibilidad de una condena penal bajo el régimen aplicado por la edad del adolescente, pero no pone fin al proceso de recuperación emocional de una comunidad que todavía intenta sobreponerse a una tragedia que marcó su historia reciente.
