Este mediodía, el juez penal Pablo Busaniche dio a conocer el veredicto en el juicio por la muerte de Diego Román, el niño de 12 años hallado sin vida en julio de 2019 en un descampado de la ciudad de Recreo.
En su resolución, el magistrado condenó a Iván Mercado Reyes a 4 años de prisión efectiva y a Norma Elena Vega a 3 años de prisión por el delito de homicidio culposo. Tras conocerse la sentencia, la defensa de los acusados adelantó que apelará la decisión judicial.
La causa, que durante casi siete años generó una profunda conmoción en Recreo y en toda la provincia, tuvo como eje la hipótesis sostenida por la Fiscalía, que atribuyó la muerte del menor al ataque de una jauría de aproximadamente diez perros que se encontraban bajo el cuidado de los ahora condenados. Durante el juicio declararon más de 90 testigos, entre ellos médicos forenses, veterinarios y especialistas en comportamiento animal.
Los fiscales Ana Laura Gioria y Andrés Marchi, junto a las querellantes Lucrecia Fernández y Vanina Frutero, habían solicitado penas de hasta 10 años de prisión al considerar que los acusados debían responder por homicidio con dolo eventual. De manera subsidiaria, también habían planteado la figura de homicidio culposo. Tras la sentencia, los representantes de la acusación indicaron que aguardarán conocer los fundamentos completos del fallo para analizar si presentan una apelación.
Según la acusación, los propietarios de los animales conocían la potencialidad agresiva de la jauría y no adoptaron las medidas de seguridad necesarias para evitar que los perros deambularan fuera del predio. La investigación judicial concluyó que Diego sufrió heridas compatibles con el ataque de animales y que la causa de muerte fue una hemorragia provocada por las graves lesiones sufridas.
Sin embargo, el caso estuvo rodeado desde sus inicios por controversias y distintas hipótesis. Un importante sector de la comunidad de Recreo continúa expresando dudas sobre la versión que atribuye la muerte exclusivamente a una jauría de perros. Incluso durante estos años familiares, vecinos y algunos representantes legales sostuvieron públicamente otras líneas de investigación, planteando la posibilidad de la intervención de terceros, hipótesis que no fue respaldada por la acusación fiscal ni por las conclusiones periciales incorporadas al expediente.
El caso continuará en instancias superiores debido a los recursos que podrían presentar tanto la defensa como las partes acusadoras una vez conocidos los fundamentos del fallo.
