La Justicia ordenó intervenir los tres corredores. El fallo advierte un grave deterioro vial. La medida busca garantizar la seguridad.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional realizar la reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, al sur de Santa Fe.
La resolución fue dictada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.
El magistrado dispuso la “inmediata y urgente reparación integral” de las tres vías para garantizar su transitabilidad y resguardar a quienes circulan por ellas.
El estado de la Ruta 33
Uno de los principales fundamentos del fallo está relacionado con la Ruta Nacional 33. El juez señaló la presencia de grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos, y consideró que estas condiciones representan un riesgo para la seguridad de los usuarios.
El propio Distrito Santa Fe de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación y advertido que la ruta necesitaba una intervención urgente. Aunque se había adjudicado una licitación para ejecutar trabajos, las obras quedaron paralizadas debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias.
Observaciones sobre las rutas 7 y 8
En el caso de la Ruta Nacional 7, Cuello Murúa consideró que los trabajos de bacheo realizados no fueron suficientes y que tampoco se acreditó un mantenimiento sostenido en todo el tramo.
Respecto de la Ruta Nacional 8, el fallo destacó que la Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria Corredores Viales S.A. Sin embargo, las deficiencias detectadas no fueron corregidas de manera integral.
El magistrado también rechazó el planteo de la empresa respecto de sus obligaciones y sostuvo que le correspondían tareas de mejora, reparación y mantenimiento.
Responsabilidad del Estado nacional
La sentencia establece además que los cambios en el esquema de concesiones no modifican la responsabilidad del Estado nacional. Según el juez, la distribución de competencias entre organismos y empresas no puede impedir que se garantice la seguridad de quienes utilizan las rutas.
Por eso, ordenó que las obras sean ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que eventualmente la reemplace o las concesionarias que correspondan.
El fallo remarca que, más allá de quién lleve adelante los trabajos, el Gobierno nacional mantiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
Cuello Murúa sostuvo que el deterioro de las calzadas compromete derechos vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación, y consideró que el mal estado de los corredores es un hecho público y notorio para quienes transitan habitualmente por el sur santafesino.
