Luego de más de dos años de tensiones, movilizaciones y disputas judiciales, el Gobierno nacional y las autoridades de las universidades públicas lograron un acuerdo económico que busca poner fin al prolongado conflicto presupuestario que atravesó al sistema universitario argentino.
El entendimiento fue formalizado este miércoles en el Palacio Sarmiento durante una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales. El acuerdo contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en un 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre.
Según el acta firmada por las partes, la actualización salarial incluye la recomposición del desfasaje registrado durante 2025, la actualización por inflación acumulada hasta mayo de 2026 y un 7% adicional destinado a recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante 2024. Además, se estableció que las negociaciones paritarias continuarán cada tres meses para evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y avanzar en nuevas recomposiciones.
El acuerdo también incorpora partidas extraordinarias para fortalecer el funcionamiento del sistema universitario. Entre ellas, se destacan $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas.
La resolución representa un importante avance respecto de las propuestas anteriores impulsadas por el Ejecutivo y busca descomprimir uno de los conflictos más significativos que enfrentó la gestión de Javier Milei desde su llegada al poder.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) consideraron que el acuerdo constituye un paso importante para comenzar a recuperar el salario perdido en los últimos meses, aunque aclararon que continuarán reclamando el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario y una recuperación salarial completa.
La única organización que no suscribió el acta fue Conadu Histórica. En cambio, acompañaron el acuerdo representantes de Conadu, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA.
Pese al entendimiento alcanzado, la disputa judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario continúa abierta. El expediente se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia luego de una serie de fallos favorables a las universidades en instancias anteriores.
El conflicto universitario se había convertido en uno de los principales focos de confrontación política durante los últimos años, con multitudinarias marchas federales, clases públicas, paros docentes, tomas estudiantiles y una intensa discusión sobre el financiamiento de la educación superior pública en Argentina.
