La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación que solicita la intervención del Poder Ejecutivo provincial para establecer un sistema de control técnico especializado y seguimiento permanente en el predio de Ar Zinc S.A., conocida como la ex Sulfacid, en la ciudad de Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.
La iniciativa, impulsada por el senador departamental Armando Traferri, propone que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, o el organismo que corresponda, supervise las tareas necesarias para prevenir riesgos ambientales, en particular ante las recientes medidas judiciales dispuestas por el juez penal de primera instancia de San Lorenzo, Eugenio Romanini.
Supervisión de la barranca y de los residuos peligrosos
El mecanismo solicitado tendrá como objetivo principal controlar las obras y tareas destinadas a estabilizar y apuntalar la barranca lindera al río Paraná, además de verificar las acciones para tratar, contener y evitar la dispersión de los residuos tóxicos que permanecen en el predio.
Estas tareas forman parte de las medidas cuyo cumplimiento inmediato fue ordenado judicialmente a los responsables de Ar Zinc S.A.
En los fundamentos del proyecto, Traferri sostuvo que la situación del establecimiento constituye una preocupación que viene planteando desde hace varios años en la Legislatura. En ese sentido, recordó que presentó iniciativas sobre la problemática en 2019, 2020 y 2025, además de acompañar gestiones de las autoridades locales ante organismos provinciales y nacionales.
El senador aclaró que la propuesta no busca cuestionar las acciones que ya lleva adelante el Gobierno santafesino, sino fortalecer la intervención estatal mediante un seguimiento concreto y sostenido.
Según explicó, la intención es brindar mayores certezas a la comunidad, especialmente a los vecinos de Fray Luis Beltrán, sobre las medidas de remediación y mitigación ambiental que se desarrollen en el lugar.
Un predio con metales pesados junto al río Paraná
Ar Zinc S.A., conocida históricamente como la ex Sulfacid, fue durante décadas una de las empresas emblemáticas del cordón industrial santafesino. Fundada en la década de 1950 e incorporada a Glencore en 2005, fue la única fábrica de zinc electrolítico de la Argentina y una de las principales de la región.
La planta cerró sus puertas en 2016, dejando a unos 400 trabajadores sin empleo. Sin embargo, las consecuencias de su actividad industrial continúan presentes en el predio, donde permanecen residuos generados durante décadas de producción.
Entre los materiales identificados se encuentran jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados en grandes volúmenes, cuya peligrosidad genera preocupación por los posibles impactos ambientales.
A esta situación se suma la ubicación del establecimiento, junto al río Paraná, y las condiciones de estabilidad de la barranca. Ambos factores refuerzan la necesidad de extremar las medidas de prevención, control y vigilancia.
El rol del Estado y la protección ambiental
Traferri consideró que la Provincia debe utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar un monitoreo permanente de las condiciones ambientales y de las tareas que se ejecuten en el predio, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo al ambiente y a la población.
También vinculó la iniciativa con la reforma de la Constitución de Santa Fe de 2025, que incorporó nuevos lineamientos en materia de protección ambiental. El legislador, quien participó como convencional constituyente, destacó especialmente el artículo 33, que reconoce al ambiente como un bien colectivo y establece principios para orientar las políticas públicas.
Entre ellos se encuentran la prevención, la precaución, la equidad intergeneracional, la progresividad y no regresividad, la responsabilidad y la solidaridad.
En ese marco, el senador advirtió sobre la gravedad de la situación y sostuvo que el caso de la ex Sulfacid podría representar actualmente una de las mayores amenazas de desastre ambiental en la provincia.
La aprobación unánime de la comunicación expresa el pedido de la Cámara alta para reforzar la presencia del Estado en el predio y garantizar un seguimiento técnico de las medidas destinadas a contener los residuos peligrosos y reducir los riesgos ambientales.
